Si bien el concierto navideño organizado por Central de Radios el pasado 19 de diciembre resultó muy bonito, la alegría para los habitantes de este cantón duró poco cuando se enteraron de que el concejo municipal en acuerdo en firme número 2021-08 autoriza el uso de ¢2.000.000 para la alimentación de aproximadamente 300 personas…

Esto significa que cada comensal consumiría ¢6.666.67, suma totalmente desproporcionada y fuera de la realidad económica en la que vivimos y más aun si consideramos que en este cantón la inversión en las calles, alcantarillado, y parques es casi nula y más bien ahora que se asfaltaron algunas fue por la intervención directa de la diputada Hilda González.

La redacción de este medio obtuvo documentación donde se demuestra que aunque el consejo municipal, como superior de la señora alcaldesa Jenny Alfaro, le autoriza el uso de estos recursos, en nota con fecha del 30 de enero dice la funcionaria que entre el Comité de Deportes Cantonal y la municipalidad existe un acuerdo donde se establece una alianza estratégica a fin de que dicho colectivo de deportes sea el que se encargue de todo lo relacionado con la inversión de este dinero. Mas el pasado 14 de enero este medio solicitó a la tesorera municipal copia de toda la documentación relacionada con el caso y la misma contestó, que si bien se confeccionó el cheque #6742-9 de BNCR, este se encuentra bajo custodia junto a las facturas que lo justifican, y que ella en nota del 20 de enero le informó a la alcaldesa las razones por las que este pago no se debía realizar, las cuales son: 1- No cumple con los procedimientos de licitación directa que exige la ley de contratación administrativa; 2- El acuerdo del concejo no indica que se delegue esta función al Comité de Deportes ni que se gire el cheque a nombre del mismo. Esto significa que no se cumplió con el proceso de cotizaciones normal y ahora más de un mes después según la alcaldesa existe un acuerdo, pero según lo establece la ley éstos (los acuerdos) deben firmarse antes de realizada la actividad y no después.

A través de consultas hechas por este medio al señor proveedor municipal y a la asesora legal ellos no tienen conocimiento de la existencia de ningún documento que justifique lo hecho por, tanto por la alcaldesa, como el Comité de Deportes, pero de todas maneras con acuerdo o sin él este no eximiría la contratación del servicio del procedimiento que establece la ley para tal derogación de dinero.

El Florense tiene en su poder copia de las facturas y es evidente que fueron confeccionadas sin seguir las normas establecidas para estos casos. Por ejemplo, llama la atención que en la factura 0303 de Soda Maylu se describe: “por servicio de catering ¢1.300.000.00”, esta factura no especifica que tipo de servicio se dio, ni que platillo se sirvió, cuántos saloneros se utilizaron, qué bebidas se dieron; si se incluyo menaje, hielo, postres o todo lo que normalmente ofrecen las empresas de catering cuando son contratadas. Otra factura es de un restaurante de pollo frito local y por un importe tampoco nada despreciable de ¢250.000.00 pagados por los bolsillos de todos los floreños y por la alimentación de los días miércoles, jueves y viernes cuando según el acuerdo tomado por el concejo era solo para las comidas del día del concierto, a pesar de esto esta factura se cobra por tres días de alimentación.

Y sigue la procesión de despilfarro: en una carnicería local se compraron ocho kilos de salchichón, cinco kilos de salchichas, tres kilos de filete de pollo y 10 paquetes de tortillas todo con un costo de ¢51.200.00, esto hace pensar que más bien lo que se hizo fue una parrillada. En otra de las facturas se desglosa la compra de 480 botellas de agua y 480 refrescos tropical, esto costó ¢233.626 y en el supermercado Pricesmart se hace una compra según la factura por “varios” por un monto de ¢146.030.00 colones.

La pregunta es: ¿por qué, si se contrato un catering donde se supone se ofrece todo un paquete se compra por aparte estos productos? ¿Por qué a la fecha no existen las tres cotizaciones que la ley exige antes de contratar éste o cualquier tipo de compra hecha con recursos públicos? ¿Por qué la alcaldesa se negó en un primer momento a brindar copias de todo lo relacionado a este caso a la redacción de este medio? ¿Por qué no fue la proveeduría municipal la que hiciera todo lo relacionado con esta fuerte derogación de dinero? Son muchas las preguntas y de momento nadie ha dado respuestas clara por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar a ciencia cierta que fue lo que ocurrió en tan fantástico concierto navideño.

Frank Ruffino,
Editor de El Florense.

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